Nos hacemos eco de una noticia publicada en El País, el pasado 20 de julio, en la que se pone de manifiesto la polémica entre vecinos y ecologistas por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de demoler la presa Los Toranes, en Teruel, ya que según los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que sostiene que su mantenimiento es “contrario al interés público, a las exigencias medioambientales y al plan hidrológico” y su rentabilidad “dudosa”.
Presa de Los Toranes, en
el río Mijares, a su paso por Albentosa (Teruel).
Cuando en 2017 se anunció que la concesión pública de la presa Los Toranes
(sobre el río Mijares, en Teruel) a Iberdrola para su uso hidroeléctrico tocaba
a su fin, muchos de los vecinos no le dieron mayor importancia. La central
llevaba allí toda la vida, desde 1943, y no pensaron que el desenlace pudiera
ser el derribo, asegura Federico Martín, alcalde socialista de Olba, uno de los
municipios afectados, y favorable a que se mantenga la presa. Pero así lo
decidió en noviembre del año pasado el Ministerio.
La intensa polémica que se desató entre partidarios y detractores del
derribo da una visión de los problemas que genera eliminar este tipo de
infraestructuras, un paso que se considera
fundamental para recuperar el buen estado ecológico de los ríos como marcan las
directivas europeas. Incluso en comarcas como esta, de población escasa y sin
grandes superficies de regadío, la oposición es férrea. La Asociación Ríos con
Vida (AEMS) concreta que las barreras artificiales producen cambios
físicoquímicos y rompen el curso ecológico de los ríos, alterando los flujos
naturales, los sedimentos y la biomasa formada por organismos acuáticos como
los peces, sobre todo en el escenario actual de cambio climático. “Esta presa
ni siquiera cuenta con un paso para los peces”, critica César Rodríguez,
vicepresidente de la asociación.
De momento, el derribo está parado a la espera de que el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid resuelva el recurso presentado por Iberdrola, que está de
acuerdo con entregar la presa porque la concesión ha acabado, pero rechaza que
la demolición sea a su cargo.
“Consideramos que es una instalación rentable y si miras la situación
global del entorno, con el ecosistema que se ha creado a lo largo de los años,
es más sostenible mantenerla”, asegura el alcalde de Olba (226 habitantes). La
presa también es importante en caso de incendios, para el regadío y aporta
turismo, añade. Martín carga contra los ecologistas: “Me hacen gracia, no ven
el territorio en su conjunto, hay que pensar en la economía, en mantener la
población”.
Olba es el municipio más afectado por la desaparición de las instalaciones
debido a que algunos vecinos utilizan el caudal del canal de la central
hidroeléctrica para regar varios huertos familiares, desde que en 1993 un
derrumbe en la acequia del Diablo impide sacar el agua directamente del río.
Los municipios de Albentosa y San Agustín también se han declarado en contra de
la demolición. Y el Gobierno de Aragón intentó parar el derribo iniciando un
expediente en mayo de este año para declarar las instalaciones bien de interés
cultural. El intento fracasó porque se invadían competencias estatales, como
les recordó la CHJ.
En el lado opuesto se encuentran personas como David Hammerstein, miembro
de la Plataforma El Mijares no se toca de Ecologistas en
Acción. Vive en el pueblo y considera que se han mezclado cuestiones políticas
y que no debería haberse producido este enfrentamiento. “Hay soluciones
técnicas para continuar regando los huertos”, asegura ante la preocupación de
otros vecinos. “Lo importante es que si se derriba la presa se van a liberar
siete kilómetros río arriba que se volverán a conectar y eso afectará de forma
positiva a 30 kilómetros más de afluentes importantes”, aclara. Hammerstein
añade que la zona se podría convertir en una reserva natural fluvial muy
atractiva para el turismo activo y natural que crearía empleo, más que “estas
centrales que no dan trabajo a nadie del entorno”. El área donde se ubica parte
de las instalaciones de la central está catalogada como lugar de interés
comunitario (LIC) Estrechos del río Mijares y Red Natura 2000 (red ecológica
europea de áreas de conservación de la biodiversidad).
En cuanto al recurso interpuesto por Iberdrola, Hammerstein sostiene que
lo que persigue la empresa es no pagar el precio de la demolición. Algo a lo
que no se puede oponer Iberdrola, porque así lo recoge la Ley de Patrimonio de
las Administraciones Públicas, remarca Pedro Brufau, profesor de Derecho
Administrativo en la Universidad de Extremadura y experto en legislación de
aguas.
Javier Marín, vicepresidente de la Asociación
Mijares Vivo, a favor de mantener la instalación en funcionamiento, aclara que esto no es
un tema de “ecologistas contra no ecologistas, porque yo también soy
ecologista”. Marín considera que el río goza de buena salud y que la demolición
conllevará un impacto ambiental muy importante. Reprocha al Gobierno central la
forma en la que se ha gestionado el proceso, porque, aunque han hablado con
ellos y han podido interponer alegaciones “la decisión ya estaba tomada y no se
ha tenido en cuenta nuestra postura”. Se ha llegado a la determinación de tirar
la presa “de cara a las políticas ambientales de la Unión Europea. Han debido
de pensar: ‘Vamos a derribar esta instalación, que van a protestar cuatro”.
Marín opina que lo adecuado habría sido que el Estado se hubiera hecho
cargo de la presa y de que la central continuara en marcha. “Porque es rentable
a pesar de lo que se diga y esos beneficios podrían repercutir en mejorar el cauce”,
indica. En cuanto a la falta de peces, asegura que la caída se ha producido
desde el año 2009 y 2010, por lo que no se puede achacar a la presa, que ya
llevaba muchos años construida.
Noticia obtenida de El País, en su edición digital.
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