El Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicará
próximamente una Orden Ministerial en la que establecerá las condiciones para obtener
el título de entidad
colaboradora de la Administración hidráulica en materia de control de la
seguridad de presas y sus embalses. Las entidades que obtengan
este título estarán autorizadas para colaborar con la Administración Pública
competente, que en este caso se trata de la Dirección General del Agua en
materia de seguridad de presas y embalses.
Para la definición de requisitos de la nueva Orden, ENAC y la Dirección
General del Agua han colaborado estrechamente, ya que se exigirá que los
solicitantes dispongan de la acreditación de
ENAC, la Entidad Nacional de
Acreditación, en base a los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. Para el establecimiento de esta nueva
exigencia se han tenido que definir requisitos complementarios de la norma
dirigidos a la actividad y a las necesidades del Ministerio.
La Dirección General del Agua organizó el 18 de enero una jornada
de presentación del proyecto de Orden Ministerial donde también intervinieron Ignacio
Pina y Luis Manuel Rodríguez, director técnico y jefe del departamento de
Inspección y Organismos de Control de ENAC, respectivamente, y explicaron el
proceso de acreditación de las entidades colaboradoras en materia de control de
la seguridad de presas y embalses.
Colaboración con la
Administración
El apoyo a las diferentes administraciones en la definición y
diseño de esquemas de acreditación ajustados a sus necesidades es una actividad
estratégica para ENAC que cada vez se aprecia más por parte de los reguladores
para lograr un despliegue eficaz de sus políticas en materia de evaluación del
cumplimiento.
En la actualidad, más de 200 disposiciones nacionales y
autonómicas, así como más de 100 a nivel europeo, incorporan la
acreditación para garantizar la fiabilidad de los productos y servicios,
desarrollar mercados seguros y reforzar la protección de los consumidores en
áreas tan diversas como la seguridad industrial, la salud pública, la
ciberseguridad, el control de alimentos o la protección medioambiental.
En el caso concreto del sector del agua, la participación de
evaluadores acreditados, técnicamente competentes, aportan confianza en la
adecuada gestión de la contaminación, control y protección del medioambiente y
las aguas. Por este motivo, la Administración Pública recurre cada vez más a la
acreditación como herramienta para garantizar la seguridad e integridad de
actividades de evaluación de la conformidad.
Noticia disponible en: iagua
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